¡Buenas tardes a todos/as!
Es sumamente enriquecedor repensar la emergencia actual desde diferentes perspectivas y contrastar, a su vez, opiniones diversas respecto de una misma cuestión. Recuerdo que en la presentación anterior analizamos, junto a la Dra. Natalia Volosin, hasta dónde están justificadas las restricciones a los derechos que se nos imponen actualmente. Por ello, resulta muy productivo estudiarlo desde otras aristas (en este caso constitucional) y asimismo, interrelacionar todas las disertaciones que, en definitiva, tienen un fenómeno en común: el COVID-19.
Agradezco el análisis de Roberto, es sumamente interesante y nos invita a analizar qué hay detrás de la emergencia sanitaria, prestar atención a lo que sucede alrededor de las medidas que se están adoptando y, en consecuencia también, qué es lo que NO está sucediendo y debiera suceder en un estado democrático de derecho.
Retomando una idea que me pareció atractiva de la disertación de Esteban Alzueta, lo que “emerge” en esta emergencia no es más que aquellas costumbres, prácticas, cultura y formas de poder que ya existían en la sociedad y el estado. Los factores que generan una situación constitucional agraviante (limitación de derechos constitucionales, concentración del poder en el ejecutivo y militarización del espacio público) no son nuevos, sino que se trata de modos en que actúan las organizaciones de poder y que se reiteran en el tiempo, con mayor o menor frecuencia, con mayor o menor intensidad.
Opino que una vez finalizada la emergencia, debiéramos pensar en un sistema de participación política no restringido al voto, por el contrario, crear condiciones que permitan avanzar en la democratización del régimen socio-político posibilitando y promoviendo una ciudadanía activa. Coincido plenamente con Roberto en que la ciudadanía perdió toda capacidad decisoria propia y la democracia deliberativa es sólo una ficción (si tomamos el dato que ni siquiera el Congreso de la Nación está sesionando).
No obstante, disiento en que las decisiones no son informadas, hasta donde tengo entendido el Presidente está constantemente reunido con profesionales y expertos de todas las áreas, sin embargo coincido en que el colectivo que se encuentra directamente afectado por las medidas es totalmente desoído.
Por otra parte, me parece interesante analizar el contexto en que se toman las medidas y creo que en este punto toma relevancia un sentimiento del que tanto se habla en el último tiempo: la empatía. No a todos/as nos encuentra en la misma situación el aislamiento, no todos/as tienen la posibilidad de quedarse en sus casas y no trabajar, y si bien el gobierno ha adoptado medidas económicas para paliar la situación, lo cierto es que tales medidas no alcanzan a todos/as los/as necesitados/as. Queda en evidencia la violencia estructural y cultural que existe en nuestro país. Se pide que las personas mantengan una distancia de, al menos, dos metros cuando las celdas de las comisarías están abarrotadas de gente; mantener la higiene cuando en las unidades penitenciarias las condiciones son deplorables; lavarse las manos constantemente cuando en los barrios de emergencia muchas personas tienen que llenar baldes con agua para bañarse. Es por ello que coincido en que existe un sesgo de clase muy notable que aleja a los/as políticos/as de la realidad crítica que viven muchos/as argentinos/as.
Por último, dar una opinión sobre la militarización del espacio público. Relacionar esto con el “punitivismo de arriba” al que hacía mención Esteban Alzueta. Las escenas de abuso policial no son nuevas ni constituyen hechos aislados, pero sí es cierto que las fuerzas de seguridad encuentran, en esta situación de emergencia, las condiciones perfectas para imponer orden a costa de violentar derechos individuales y lo peor es que son incentivadas políticamente por algunos/as funcionarios/as para hacerlo.
No se sabe con certeza cuánto tiempo durará el aislamiento, de todas formas se especula con que se extenderá por unos meses más. Creo que como integrantes de la comunidad jurídica y ciudadanos/as, debiéramos exigir la apertura de sesiones del Congreso, vía medios electrónicos si el estado de propagación del virus lo amerita, a fin de evitar que la situación constitucional irregular que existe actualmente continúe o se agrave aún más.