¡Buenas tardes a todos/as!
Muchas gracias a Gabriela y a Nicolás por su exposición y por el valioso material aportado que resulta sumamente útil para complementar las ideas expresadas.
El tema de análisis, esto es, la razón securitaria, me remonta a un planteo que me he formulado hace un tiempo atrás y se vincula con el interrogante ¿Qué entendemos por seguridad? Podemos hacer de este término una interpretación restrictiva (entiendo que es la que actualmente tenemos), que se vincula con un modelo policial de guerra y una respuesta punitiva, o bien podemos entender a la seguridad de una manera más amplia que abarque y se ocupe del conjunto de vulnerabilidades e ilegalidades que existen en una sociedad y que la hacen menos segura.
Coincido en que hace décadas está presente una concepción de seguridad que se vincula estrechamente con la persecución de determinados delitos: no todos, sino aquellos que afectan ciertos bienes jurídicos que adquieren en la esfera pública y en el debate político mayor visibilidad, me refiero concretamente a los delitos contra la propiedad, contra la vida e integridad sexual. De ello deviene que las políticas de seguridad diseñadas sean clasistas, racistas, punitivas y patriarcales. Están ideadas para reprimir siempre al mismo colectivo de personas, aquellas que se construyen bajo el prejuicio de ser la causa de todos los malos: los más vulnerables.
Por el contrario, las vulnerabilidades e ilegalidades que escapan a esa lógica selectiva del derecho penal (delitos económicos y financieros, los famosos “delitos de cuello blanco”, aquellas ilegalidades que afectan al medio ambiente, a los pueblos originarios, las vulnerabilidades en el sistema de salud, de educación) parecieran ser ajenas a la preocupación de los órdenes sociales modernos.
Adhiero a la propuesta de una nueva razón securitaria y, desde ese enfoque, una concepción más amplia de seguridad que incluya otras desprotecciones e ilegalismos producidos por los sectores más poderosos y que se involucre en violencias estructurales (como por ejemplo la violencia de género), y no se limite a delitos callejeros. Considero que no es ambiciosa esta aspiración porque los gobiernos cuentan con las herramientas, recursos materiales y humanos para hacerlo, sólo se debe gestionar el conflicto con otra mirada y actuar interdisciplinariamente. Bajo esta lógica, como bien lo explican Gabriela y Nicolas, rediseñar el modelo policial bajo parámetros de respeto de los derechos humanos y resolución de conflictos. Creo que un buen momento para hacerlo, o al menos impulsarlo desde el ámbito jurídico y académico, es éste.