Interesante la postura que plantea y el documento efectuando recomendaciones para hacer frente a la crisis, no sólo en este momento sino para el futuro, me parece por demás importante. Creo que el COVID19 puso en el tapete social una problemática que las cárceles santefesinas (y argentinas en general) están sufriendo hace muchos años y muchos organismos lo han venido alertando. El hacinamiento, la insalubridad, lo deshumanizante de los lugares de encierro. El excelente fallo respecto al habeas corpus colectivo iniciado en Mendoza pareció haber marcado un camino que ya ha quedado en el olvido.
Es muy difícil hablar de estas cuestiones con el vecino, con gente de a pie, pues hay una concepción generalizada de que las cárceles los para castigar a los reos (no importa si son o no condenados, eso es un dato menor para la mayor porción de la población). Levantar la voz sobre estas cuestiones es soportar ser tildado de "amigo de los delincuentes", "inhumano", en "no pensar en las víctimas" sin entender el trasfondo real. Nuestro código penal priva de la libertad ambulatoria al condenado, no priva de otras libertades y derechos. Como consecuencia de ello, que los gobiernos dediquen millones de pesos de presupuesto a construir cárceles y a refaccionar y mantener las existentes, dejando para ello de construir hospitales o escuelas o rutas -la sábana siempre es corta- es visto como un atropello a los intereses del pueblo y a una mala administración de sus impuestos que irían destinados a "beneficiar" a delincuentes (en el pensamiento social instaurado).
La solución de fondo para estas cuestiones tiene que venir acompañadas de políticas sociales fuertes pero también de educación, de enseñar a la población que la persona castigada por el Estado tiene restringida ciertos derechos pero sigue siendo un ser humano y como tal digno de protección y satisfacción de las necesidades más básicas.