Siempre es un gusto escuchar a Marisa Herrera, sin duda una de las grandes del moderno derecho de las familias.
Su presentación llamó mi atención sobre un dato que me parece relevante. La mayoría de países de nuestra región somos signatarios de muchos instrumentos internacionales de derechos humanos referidos a la mujer, a los niños, niñas y adolescentes, a personas adultas mayores y personas con discapacidad. Dichas normativas convencionales son leyes de nuestros países, y sin embargo, pareciera ser que muchas directrices originadas en este entorno de la pandemia obedecen más a las propias visiones o formas de percibir el fenómeno que tienen nuestras autoridades que a la generalidad de la visión planteada en dichos instrumentos.
En muchos de nuestros países pareciera ser que la única rama del derecho a considerar es el derecho penal, con lo cual se desvela la permanente visión piunitivista que marca nuestros desarrollos de gestión ejecutiva, legislativa y judicial. La mayoría de excepciones,por ejemplo, tiene que ver con el funcionamiento del orden penal (detenciones, plazos, medidas coercitivas, etc). Pareciera ser que otras ramas del derecho, con mayor capacidad de incidencia en el entorno social, a mi juicio, como el derecho de las familias, niñez y adolescencia, violencia de género, adultos mayores, discapacidad, no ameritan ser considradas inicalmente en la planeación del funcionamiento institucional durante la pandemia, y tienen que irse abriendo espacio conforme algun caso relevante deba plantearse en los tribunales de turno, o por noticias a traves de los medios de comunicación.
De ahi que, considero, que a pesar de la inmediatez y urgencia que caracterizan estos escenarios sanitarios (que no permiten mucha previsibilidad), la respuesta, en el diseño de medidas y en la respuesta institucional que deba darse, debe estar permeada por la coordinación interinstituiconal, y la necesaria y adecuada presencia de la interdisciplina. Las tres C que menciona Marisa -Creatividad, compromiso y conocimiento- requieren de coordinación y de interdisciplina, de asesoria institucional adecuada, que si bien no generen indicaciones para cada caso, sí puedan en líneas gruesas advertir de la necesariedad de legislar en estos campos de grupos vulnerables que existen en nuestras familias. .
Seguramente no se puede preveer todo, seguramente no será posible pensar en todos los escenarios, pero sí que es posible que las grandes lineas estratégicas, aun en contextos de emergencia, prioricen el conocimiento de la normativa vigente en derechos humanos, el compromiso con los grupos vulnerables y la creatividad que favorezca la felxibilidad en la adopción de decisiones.
Que no se asuma como básico el derecho a la inscripción de un nacimiento y haya necesidad de directrices o resoluciones que lo recuerden o favorezcan or el surgimineto de un determinado caso, es un síntoma de ello, es decir de la falta de creatividad, del desconocimiento y de la falta de compromiso con los derechos humanos. En mi país, El Salvador, los ámbitos normativos referidos al derecho de las familias, niñez y adolescencia, violencia de género, adultos mayores, y discapacidad parecen no exisitr. No funcionan los ribunales de justicia en dichas materias, no tenemos información de acciones planteadas sobre ellas, y todo se reduce a la restricción sanitaria o cuarentena.
Saludos Marisa y demás personas de este foro.