¡Buenas noches a todos/as!
Me resultaron muy interesantes las reflexiones de Máximo Sozzo y agradezco que haya dado un panorama general y, a su vez, tan completo, dentro de las posibilidades, de lo que está pasando en Santa Fé y en la Provincia de Buenos Aires a nivel carcelario. Asimismo, los documentos propuestos y las notas sirven para repensar la emergencia carcelaria y conocer las medidas que se están promoviendo para reducir los altos índices de población privada de libertad.
Es llamativo el espacio, más que merecido, que se le brindó al activismo civil y judicial en torno a la adopción de medidas tendientes a solucionar los problemas de hacinamiento y superpoblación, y evitar así la propagación del COVID-19 en espacios de encierro donde la distancia entre las personas es un ideal casi imposible de concretar. Utilizo el adjetivo “llamativo” porque sabemos que los problemas en cárceles y comisarías surgen de una violencia estructural que no es nueva ni nace con el coronavirus, sino que, por el contrario, se trata de una problemática que viene de décadas y si bien en algunos periodos el encarcelamiento aumentó y en otros se mantuvo estable, no ha recibido nunca un tratamiento serio y radical que pudiera ponerle fin. ¿Era necesario esperar que una crisis sanitaria golpeara nuestra puerta para pensar qué hacemos con las personas privadas de libertad?
Por otro lado, adhiero cien por ciento a las recomendaciones elaboradas por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y considero que ese es el camino correcto a seguir, en especial atendiendo el estado de vulnerabilidad, en general de la población carcelaria, pero en particular de aquellas personas que tienen enfermedades preexistentes o están en un edad avanzada, respecto de quienes el virus podría ser mortal.
Asimismo, se debe destacar (y en este punto concuerdo con Zaffaroni) el rol primordial que tienen los jueces para modificar las condiciones de detención, en tanto son quienes deben velar por el respeto de las garantías constitucionales. Sin embargo, he planteado judicialmente en los últimos días la afectación al principio de proporcionalidad, tal como lo desarrolla Zaffaroni, por la generación de un sufrimiento que excede al inherente a la privación de libertad, en el marco de pedidos de excarcelación y/o morigeración, y la respuesta de los jueces denota que, más allá de las mesas de diálogo o de las recomendaciones, sigue primando el punitivismo y el conservadurismo en las decisiones judiciales, tal cual lo dice Sozzo.
Una opinión sobre las mesas de diálogo, considero que debieran estar presentes como actores principales en escena representantes de la población carcelaria, toda vez que las medidas adoptadas tienen a este colectivo como destinatario, de allí la importancia de que las medidas sean legítimas, democráticas y con participación activa de todos los involucrados.
Finalmente, y en relación a lo planteado por Esteban Alzueta, reconocer la importancia que tendrían en una reforma alejada del punitivismo, los programas pensados por Braithwaite y Hulman, y en especial, su impacto en sociedades tan desiguales como la nuestra en donde los problemas de criminalidad tienen su génesis en el ámbito social y económico. Por ende, los diálogos componedores, las vergüenzas reintegrativas, y todo lo que incluya participación ciudadana, gestión de conflictos, intervención temprana desde distintos ámbitos, forma parte del único camino posible por recorrer en aras de una sociedad mejor.