¡Buen domingo para todos y todas!
Me resultó cautivador el tema a tratar, los textos elegidos y la exposición de Judith Butler. Coincido en que el COVID-19 nos ha demostrado que la comunidad humana toda es igualmente frágil ante este virus que no discrimina. No obstante, me atrevo a hacer una distinción entre los grupos de personas contagiadas porque las posibilidades de contagio no fueron las mismas; si bien es cierto que cualquier persona puede contraer el virus, los primeros casos fueron “importados” y por “contacto estrecho”, es decir, viajeros que habían contraído el virus en el exterior y los que habían estado en contacto con aquellos, lo cual denota que los primeros diagnosticados pertenecían a una clase económica media-alta que viajaron por fuera del continente. Días más tarde, comenzaron a aparecer los casos por “transmisión comunitaria” lo que implicó que el virus ya estaba circulando en la población del país y podía afectar a cualquiera sin discriminar estrato social.
Más allá de esto, y vinculando un extracto de lo manifestado por Judith Butler “vidas que se considera que no vale la pena que sean protegidas de la enfermedad y la muerte” y la exposición de Mariana Valverde en cuanto a que no todas las vidas humanas tienen el mismo valor biopolítico, es imposible no fijar el foco en la población carcelaria, en lo que hace a su estado de vulnerabilidad y marginalidad que se potencia mucho más en situaciones como las actuales.
Si bien es cierto que a raíz de la pandemia, se han implementado políticas sanitarias, también en cárceles y comisarías, como la desinfección y ventilación de estos lugares, lavado de manos, no compartir utensilios, etc., sabemos que tales medidas son temporales y que, el problema de los internos, no sólo radica en la propagación del virus actual, sino que la cuestión sanitaria en los penales comprende al sarampión, sarna y otras enfermedades vinculadas al contexto de hacinamiento. Estamos ante un cuadro de violencia cultural y estructural, en donde la política de salud no está del mismo modo comprometida con todas las vidas, sino más con aquellas que tienen un valor biopolítico significante o están más visibles y expuestas.
Es una realidad, tal como lo indicó Juliano en el primer módulo, que los niveles de población carcelaria han disminuido, en relación con ello, los jueces han concedido medidas morigeradoras, especialmente, prisión domiciliaria para aquellas personas que pertenecen a grupos de riesgo. Sin embargo, y vuelvo a lo señalado anteriormente, estas medidas son temporales y, una vez que finalice la etapa de propagación del virus, tendremos nuevamente superpoblación y un uso irrestricto de la prisión preventiva. Las personas privadas de libertad ya no temerán contraer el covid-19, pero seguirán expuestas a contraer otras enfermedades, mientras que la mayoría volverá a su vida cotidiana, donde esa realidad le resulte ajena. Por ello, lo importante radica en construir una política social permanente que proteja la vida de todos por igual y que, como dijo Mariana Valverde, podamos pensar en un futuro equitativo para después de la pandemia.
Saludos